** Su titular Jesús Padilla Zenteno reconoció el trabajo de sus antecesores y la confianza de las socias, socios e integrantes del Consejo Directivo

Ciudad de México, a 14 de Marzo de 2018

COPARMEX CDMX celebró su veinte aniversario con una reunión donde se refrendó el compromiso por continuar una línea de trabajo bajo la premisa del bien común y de reconocimiento a la dignidad de las personas, con sinergias para incidir y contribuir en el desarrollo de México y en especial de la capital del país.

El presidente de COPARMEX CDMX, Jesús Padilla Zenteno saludó la presencia del presidente de COPARMEX Nacional, Gustavo de Hoyos Walter, así como de los expresidentes del Centro Empresarial “quienes sentaron las bases y se atrevieron a construir lo que hoy es COPARMEX Ciudad de México”.

Saludó también a los vicepresidentes de COPARMEX CDMX, a las socias, socios e integrantes del Consejo Directivo, al Staff, y a los presentes, todos ellos diversos actores de la empresa en sus diferentes ramos como son la industria, el comercio y los servicios, “quienes han confiado en que desde la COPARMEX podemos impulsar una política pública para incentivar el cambio que necesitamos para promover la inversión y el empleo”.

Padilla Zenteno dijo que además de ser un momento de celebración es una ocasión para reflexionar sobre los grandes retos que han logrado superarse a lo largo de estos veinte años, pero sobretodo resaltar la forma cómo “hemos mantenido los valores desde su creación, esas bases que hoy permiten mantener la construcción de nuestro Centro Empresarial: el bien común por encima de todo”.

“En estas primeras dos décadas de nuestro Centro Empresarial destacamos el compromiso y disposición para trabajar en unidad, con actitud positiva encaminada al fortalecimiento de la capital que todos queremos. Debemos sentirnos orgullosos de lo que hemos cosechado desde 1998, cuando los que nos antecedieron sembraron con su talento la organización metropolitana con miras al futuro, pero planteándose con toda claridad los retos de aquel presente”.

El líder empresarial se refirió al trabajo realizado por cada uno de los ocho expresidentes de COPARMEX CDMX: Humberto Trejo, Sergio Peralta, Carlos Cendejas, Mario Alberto Palacios, Gerardo Trejo, Juan de Dios Barba y Fernando Óscar García e hizo una mención especial al trabajo realizado por José Luis Beato, quien ha impulsado las tareas de la agenda de la Ciudad.

“Todos ellos con trabajo, esfuerzo y convicción de construir un México con valores ayudaron a alcanzar el lugar que ahora tenemos en la vida pública, política y desde luego el desarrollo económico y social que permite el impulso de nuestra capital”.

Subrayó que desde hace 20 años, los fundadores de COPARMEX CDMX instauraron la visión de un Centro Empresarial de vanguardia para una ciudad de libertades así como de responsabilidades y contribuyeron con mucha valentía en las principales acciones políticas y económicas de la capital.

“En el 2018 celebramos esta historia de compromiso y diálogo conjunto que nos ha permitido alcanzar nuestras metas individuales y colectivas, además de permitirnos impulsar condiciones de prosperidad para todos los capitalinos”.

Padilla Zenteno agradeció a todos los empresarios y empresarias que se han sumado al Centro Empresarial Ciudad de México en estas dos décadas, quienes han aportado lo mejor de sí, un esfuerzo que hoy permite tener un Centro Empresarial mucho más sólido y comprometido con la sociedad.

Por otra parte, el presidente del Club de Industriales y anfitrión del evento, José Carral Escalante, dirigió a los empresarios asistentes unas palabras de bienvenida y al hacerlo recordó los inicios de COPARMEX Nacional en 1929, como sindicato patronal apartidista y de afiliación voluntaria e hizo una breve semblanza de lo que ha sido el trabajo de esa organización empresarial a través de los años. 

Carral Escalante refirió que COPARMEX a través de los años se ha consolidado y ha contribuido al desarrollo económico del país, además de destacar que uno de los logros de esta organización empresarial es la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción y de los sistemas locales, esto en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil. 

El líder industrial refirió que hoy COPARMEX es responsable del 30 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel nacional y cuenta con más de 35 mil empresas, con 65 centros empresariales en todo el país.

Al referirse a COPARMEX CDMX recordó que fue fundada el 5 de marzo de 1998 con el objeto de reformar la política del Distrito Federal donde ya se había promovido la elección popular del Jefe de Gobierno y por la necesidad de contar con una representatividad adecuada en el área metropolitana y hacer frente a las autoridades de entonces con estrategias, estructura y herramientas que nos permitieran tomar una posición proactiva.

“COPARMEX Ciudad de México es una organización joven pero dinámica y emprendedora”, dijo.

Al hacer un recuento de las luchas encabezadas por COPARMEX CDMX, José Carral enumeró la emprendida contra el comercio informal, contra la crisis ambiental y por la falta de alternativas de movilidad en la Ciudad de México.

Recordó también la realización de la Campaña “Yo no doy mordida” en su lucha contra la corrupción y, más recientemente, la exigencia al Jefe de Gobierno de rendir cuentas sobre los recursos económicos destinados a las víctimas del sismo del 19 de septiembre del año pasado.

El presidente del Club de Industriales reconoció la labor del presidente del Centro Empresarial Ciudad de México, Jesús Padilla Zenteno, “ejemplar empresario del transporte lo felicito por todos los logros que ha tenido durante los casi dos años de gestión”, así como la labor realizada por el presidente de COPARMEX Nacional, Gustavo de Hoyos Walter, presente en la mesa de honor, donde también se encontraba la titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX, Amalia García Medina.

** Firman en la UAZ convocatoria en contra de restricciones presupuestales y en defensa de la universidad pública

Zacatecas, Zac., a 19 de Febrero de 2018

Ante la convocatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas a instituciones de educación superior del país en defensa de la universidad pública y en demanda de que exista piso parejo en su financiamiento público, “porque no deben de existir universidades de primera y de segunda”, rectores de instituciones de educación superior se manifestaron en contra de las restricciones presupuestales del gobierno federal y de la mercantilización de la educación pública.

Reunidos en el Teatro Fernando Calderón, donde se realizó un sesión especial del H. Consejo Universitario de la UAZ, los rectores de Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Eduardo Carlos Bautista Martínez y la Universidad Autónoma de la Cuidad de México, Vicente Hugo Aboites Aguilar, y los representantes de los rectores de la Universidad Autónoma de Nayarit, Adrián Navarrete y de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Héctor Pérez Pintor, plantearon con preocupación la precaria situación financiera por la que atraviesan las instituciones, a pesar de cumplir con los estándares de calidad que impone la Secretaría de Educación Pública. 

Al dar la bienvenida el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Antonio Guzmán Fernández citó el lema que enmarca el movimiento de Reforma y Autonomía Universitaria iniciado en Córdoba, Argentina, hace 100 años: “La educación pública es un bien público y social, un derecho humano universal y un deber del Estado”, y señaló que la actual situación de la educación superior en el país muestra la pérdida acelerada de egresados universitarios que se ven compelidos a emigrar, al menos 1,2 millones de profesionistas, entre los que se ubican 300 mil posgraduados y 30 mil doctores que han abandonado al país en las últimas décadas.

Ante el pleno del H. Consejo Universitario, el mandatario universitario indicó que la UAZ en el 50 aniversario de su investidura como Universidad Autónoma se une a esta iniciativa, dando inicio a un proceso interno de reforma universitaria, en donde se convoca a toda la comunidad universitaria del país y al pueblo de México.

Dicho movimiento, dijo, se debe emprender con inteligencia y responsabilidad, y es por la dignificación, fortalecimiento y revalorización de las instituciones públicas de educación superior.

Argumentó que México registra la tasa de gasto por estudiante más bajo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), además de que la tasa bruta de financiamiento de la educación media superior y superior es de sólo 2.2 por ciento del gasto público, el cual se concentra en una decena de universidades públicas, dejando a más de 20 universidades dispersas en el territorio en precariedad y crisis.

Lo anterior limita el incremento de la matrícula y genera condiciones degradadas para la admisión de estudiantes por no contar con los recursos para suficiente para infraestructura, mantenimiento y prestación de servicios escolares de calidad, así como el pago de salarios dignos para los trabajadores universitarios.

Aunado a esto, señaló Guzmán Fernández está el hecho de que la universidad pública se ha tornado un espacio más selectivo, privilegiando a los sectores de medianos y altos ingresos, esto en detrimento de las clases populares, teniendo menos posibilidades de desarrollo, volviéndose presa fácil de los mercados laborales altamente precarizados, la migración o actividades ilícitas.

“México atraviesa por un profunda crisis multidimensional que se manifiesta en una violencia creciente, acompañada de elevados niveles de pobreza, migración y violación de los derechos humanos. En este contexto, la universidad pública está llamada a cumplir una misión social estratégica para impulsar un desarrollo incluyente y la consolidación de la vida democrática”.

El rector numeró 10 principios fundamentales para enderezar el rumbo de la educación superior en el país: 1) Autonomía responsable, plural y crítica; 2) Universidad como agente de desarrollo y transformación social; 3) Pensamiento crítico, creativo y propositivo; 4) Universidad pública como espacio común y libertario; 5) Gobierno universitario democrático y participativo; 6) Gratuidad, inclusión y acceso universal a la educación universitaria; 7) Pedagogía crítica para la formación integral, creativa y emancipadora; 8) Debate académico y político de grandes problemas nacionales, regionales y locales y sus alternativas; 9) Honestidad, eficiencia y transparencia administrativa y, 10) Rendición de cuentas a la sociedad e Internacionalización de la educación.

Por su parte el doctor Vicente Hugo Aboites Aguilar, rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) se congratuló por el llamado que en este día hizo la Universidad Autónoma de Zacatecas por dos razones fundamentales; la primera de ellas es que se cumplió un siglo de autonomía en América Latina gracias a jóvenes estudiantes de Córdoba que estaban cansados de las imposiciones autoritarias por parte de la aristocracia local y el clero.

En segunda instancia aseguró que lo que hoy se presenció marca la historia de la educación superior y da esperanza de que otros rectores de otras universidades se junten para hacer cambios; en este contexto manifestó: “El llamado que hoy hace la Universidad Autónoma de Zacatecas es muy importante y trascendental, incluso revolucionario en términos de educación superior”.

Asimismo aseveró que la presencia sindical en las universidades es de suma importancia ya que es bueno que converjan en la decisión de comenzar un proceso nacional de respuesta a lo que se ha vivido en estas últimas tres décadas de “desastre” en términos educativos.

Por otro lado manifestó que la situación de crisis que se vive es una derrota muy profunda que sufrieron los maestros y los universitarios en la década de los 80 pues no se pudieron revertir las políticas de austeridad, donde la prioridad era pagar la deuda.

De esta forma, mencionó, se rechazó el llamado de muchos países latinoamericanos para iniciar un movimiento que colocara “contra la pared” el sistema financiero mundial y decidió el gobierno mexicano que iba a negociar por separado para así, con esa esperanza, poder lograr una solución para sus problemas.

Explicó que esa derrota se reflejó en las universidades de los años 90 pues fueron sometidas a una serie de transformaciones con el pretexto, promesa y esperanza de que así iban a tener el lugar preponderante en la educación nacional, que iban a tener financiamiento suficiente y responsabilidad social; es por eso que cambiaron cosas sustanciales en las universidades, fueron modificadas a fondo.

Después de 30 años de diversas modificaciones, la respuesta se está teniendo con más claridad; “no solo no nos querían cuando éramos universidades progresistas sino que ahora tampoco como universidades neoliberales”, manifestó.

Explicó que las universidades autónomas están en “peligro de extinción” y es por esto que se tiene que hacer un balance y tomar decisiones ya que la universidad es la representación del conocimiento que la sociedad necesita para sobrevivir.

En la sesión especial de consejo también participó el doctor Axel Didriksson Takayanagui, director del CESU (Centro de Estudios para la Universidad) de la UNAM, quien afirmó que ante el conocimiento internacional sobre la situación crítica por la que atraviesan las universidades públicas, los asistentes en la Conferencia Universidad 2018 en La Habana, Cuba, manifestaron su solidaridad con las instituciones de educación superior de México y en especial con la de Zacatecas, por la terrible situación financiera en la que se encuentran y que ha derivado en recortes presupuestales.

El documento leído por el investigador menciona la ausencia de una auténtica política de Estado en materia de educación superior en ciencia y tecnología, y el muy escaso interés de las autoridades del Poder Ejecutivo y de los representantes de las cámaras de senadores y diputados para ofrecer una solución estructural que, en lugar de golpear y tratar de controlar a las universidades, las coloque en el muy relevante papel que tienen en el desarrollo nacional. 

Los rectores y representantes firmaron el manifiesto al pueblo de México y a las comunidades universitarias del país, “La Universidad Pública en la agenda del desarrollo nacional”, en donde se expresa la profunda crisis de las universidades agravada en las últimas dos décadas, limitando así el quehacer de las instituciones; el ostentar el país, el mayor rezago en materia de educación superior al tener la cobertura del 35.8 por ciento por debajo del promedio en América Latina; el gasto por alumno más bajo entre los miembros de la OCDE, entre otros puntos.

*Nunca, en este gobierno, se ha respetado lo que mandata la Cámara de Diputados a través de este decreto de presupuesto: Triana Tena *El gasto publicitario sobre el patrimonio cultural, por ejemplo, es exiguo: Gaytán Hernández.

La publicidad gubernamental tiene que ser regulada. Hoy existe un sobre ejercicio en su presupuesto y el gasto erogado no es transparente. Hay opacidad y su ejercicio arbitrario pone el riesgo la libertad de expresión.
Y aunque la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión tiene que emitir la ley reglamentaria sobre gasto gubernamental en comunicación social, a más tardar el 30 de abril de 2018, la verdad es que los legisladores pueden no acatar la instrucción que les envió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desde el pasado 15 de noviembre, y continuar en desobediencia y hasta convocar a un periodo extraordinario de sesiones para crear la reglamentación referida. 
Y aunque por su desacato cabe la posibilidad que una jueza federal requiera a los presidentes de ambas Cámaras, para eventualmente destituirlos y consignarlos penalmente, el ánimo de las fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, es el de ir adelante con esta reglamentación y dejar las reglas claras. No obstante, hay voces que afirman que persiste la simulación.
Vale la pena recordar, que es la primera vez en la historia del país que la Corte ordena al Congreso Federal expedir una ley, así como la primera vez que el mandato para reparar una omisión legislativa deriva del amparo promovido por un particular.
La sentencia de la Primera Sala provino luego de que el Congreso incumplió el tercer artículo transitorio de la reforma constitucional de febrero de 2014 cuyo propósito fundamental fue el de “garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos, en todos los niveles de Gobierno”.
Circunstancia que no se cumple de acuerdo a la opinión del diputado panista Jorge Triana Tena, quien sostiene que el manejo de la publicidad gubernamental hoy: “es una tomada de pelo, nosotros metemos el presupuesto, metemos un monto por secretaría incluso colocamos más en algunas como en la de Turismo, pero la Secretaría de Hacienda hace lo que se le da la gana y hace transferencias como mejor le conviene, nunca, en este gobierno, se ha respetado lo que mandata la Cámara de Diputados a través de este decreto de presupuesto; esto no es discrecionalidad, es una anarquía presupuestaria”.
De igual forma se expresa la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández del PRD: “el Gobierno de Peña Nieto ha sobre ejercido el presupuesto para la publicidad gubernamental en un 70 por ciento por lo menos. Consideramos que el gasto en publicidad oficial llega a ser de un millón de pesos por hora y si sumamos lo que se han gastado en los últimos cuatro años, tenemos que la cifra es similar a lo que se invertirá en la reconstrucción de la Ciudad de México, luego del temblor de septiembre pasado”.
Sin embargo, para ambos legisladores más preocupante que el monto ejercido y la discrecionalidad con que se aplica, resulta el hecho de que la libertad de expresión se acota, se amenaza…
A decir de la organización Artículo 19, “la ausencia de esta regulación (a la publicidad gubernamental) propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en materia de comunicación social“, lo que constituye “un mecanismo de restricción o limitación indirecta de la libertad de expresión, claramente proscrito por la Constitución”.
Al igual que los legisladores, esa organización social considera que la selección de medios de información por encima de los que mantienen una línea crítica pone en riesgo la libertad de expresión ya que a los fustigadores se les restringe su derecho y a los que favorecen el discurso oficial se les llena de dinero. 
Gaytán Hernández y Triana Tena consideran que el gobierno federal es opaco en el manejo de ese presupuesto. 
“Tienen que haber controles al respecto; tiene que haber un límite a la actuación de la autoridad”, refiere el congresista albiazul. 
Pero además de los millones gastados y los riesgos en los que se pone a la libertad de expresión, ambos legisladores consideran que tampoco hay una estrategia de Estado para realizar la publicidad gubernamental.
“El gobierno ha utilizado la publicidad gubernamental para intentar recomponer su maltrecha imagen, no le interesa que su proyecto de país permee en la sociedad, no le ha interesado, efectivamente, promover con profundidad la imagen de México en el extranjero”, acusa Triana Tena.
Cristina Gaytán considera que al gobierno federal sólo le interesa la promoción de su imagen. “El gasto publicitario sobre el patrimonio cultural, por ejemplo, es exiguo. El presupuesto se ocupa para promoción o para subsanar hechos cometidos por el gobierno. Hay un uso tendencioso”.
Para ambos diputados y sus respectivas fracciones parlamentarias pareciera existir disposición y un buen ánimo para impulsar la reglamentación de la publicidad gubernamental, pero dudan de la actitud del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ya que “el tricolor ha querido patear al bote lo más lejos que pueda para evitar esta discusión”.
A decir de la perredista y el panista, la aprobación de esta reglamentación no debería dilatarse ya que “los académicos, los especialistas en el tema ya se han manifestado al respecto igual que la sociedad lo ha hecho…. Hay una visión entre esos sectores de que la publicidad gubernamental ha sido insultante no solo cuantitativamente sino cualitativamente, que se está cayendo en excesos y que se está utilizando con una visión político electoral y la sentencia está dictada. Sólo quedan 15 sesiones para cumplir con el mandato”, sentencia Jorge Triana.
Para Jorge Carlos Ramírez Marín, hoy diputado priísta con licencia la discusión sobre este tema debe darse en los tiempos que la Suprema Corte ha ordenado. Para él, el PRI tiene toda la disposición para “establecer montos, límites y porcentajes del presupuesto”. Y aun y cuando niega que haya un uso discrecional de la publicidad oficial “bueno, no desde que se regula”, admite que lo que no se debe hacer son promesas y que por ello la Cámara tiene que hacer un trabajo importante revisando las iniciativas que ya hay para concentrar la opinión y las ideas de muchos grupos y sectores de la sociedad que ofrecieron su tiempo y esfuerzo para regular la publicidad oficial.

*Acepta que al interior de los partidos políticos y de las fracciones parlamentarias en el Congreso de la Unión, persisten presiones y resistencias para retrasar su instauración

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) tiene muchos pendientes todavía...
A casi un año de que fue promulgado el sistema nacional, aún no hay un Fiscal General de la República ni un Fiscal Anticorrupción, ni magistrados en la materia y tampoco existe un Fiscal especializado en delitos electorales.
Un sistema anticorrupción es el último recurso de una democracia amenazada, y la nuestra lo está, afirma Eduardo Bohórquez de Transparencia Mexicana (TM).
En México, cada día más, la sociedad siente menos aprecio por la democracia. 
“El caso empieza a ser alarmante. Entre el 2015 y el 2017 el número de personas que consideró la democracia como la mejor forma de gobierno cayó del 71 por ciento al 56, y sólo uno de cada cuatro mexicanos está satisfecho con los resultados de este tipo de régimen”, agrega el directivo de esa organización civil.
Además, señala que entre las explicaciones de nuestro descontento, “destaca la frecuencia con la que tenemos que pagar sobornos”. 
Dice que un estudio reciente de la organización que representa, revela que un 53 por ciento de la sociedad declaró haber pagado mordidas para acceder a la educación, la seguridad y la justicia, entre otros servicios públicos básicos.
La corrupción, sintetiza, es el impuesto más regresivo que tenemos. 
Transparencia Mexicana considera que en promedio, el 14 por ciento del ingreso familiar se destina al soborno para facilitar trámites y servicios públicos. 
El principal objetivo del SNA es el de contribuir, aprovechando al máximo los recursos del Estado, a sanar la República. 
Su restauración, supone, a pesar de los quebrantos y los desvíos, que el bien público se imponga a los intereses de los particulares; que se terminen y corrijan las canonjías, los malos manejos y los privilegios, que según el periodista Arturo Ángel, en su libro Duarte el priista perfecto, ha dejado una sangría a la sociedad de más de 214 mil millones de pesos del 2001 al 2016, es decir, poco más de 12 mil millones de dólares. Y según la organización ciudadana Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la cifra de desvíos del erario público contabiliza más de 64 mil millones de pesos en 2017.
Un dato que demuestra el tamaño del problema es que el refiere la encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno: en solo 12 meses se registraron la comisión de más de 220 millones de actos de corrupción administrativa.
Y a decir del diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Francisco Xavier Nava Palacios, para acabar con esta circunstancia “es necesario darle dientes al SNA ya que en el gobierno federal y en los gobiernos estatales prevalece la tentación de los titulares de los poderes ejecutivos y sus congresos para que funcionarios y legisladores se enriquezcan y favorezcan a empresarios coludidos”.
El legislador potosino señala que entre los pendientes para robustecer al SNA y a los sistemas locales, es urgente adecuar el Artículo 102 constitucional y ajustar la implementación del Sistema en la capital el país, “para contar con un andamiaje jurídico que sea realmente funcional y garantice que no estará vinculado al poder público. Esa, es la esencia de los que se busca con estos nuevos mecanismos, tanto en la Fiscalía Anticorrupción como en la Fiscalía para los Delitos Electorales”.
Para Transparencia Mexicana las prioridades para erradicar la corrupción se centran en una transformación integral de los mecanismos de control, así como de auditar y fiscalizar el gasto público en los estados. “En los congresos locales, ha quedado evidenciado, que no son un contrapeso al poder ejecutivo estatal ya que en muchos casos, participan en la trama de corrupción”.
El legislador perredista e integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción dice que toda esta estructura jurídica que se aprobó el año anterior, se tiene que sustentar en la probidad y la autonomía de sus funcionarios, pero, acepta que al interior de los partidos políticos y de las fracciones parlamentarias en el Congreso de la Unión, persisten presiones y resistencias para retrasar sus nominaciones.
“Pero en los estados el problema es mayor. No hay diálogos con los legisladores y la sociedad civil parece no encontrar un canal adecuado para conjuntarse y presionar. Hay conversaciones dispersas y no he visto a un grupo social homogéneo y articulado para hacer valer sus derechos. En el caso de San Luis Potosí el fiscal ya fue elegido, pero desafortunadamente se trata de un funcionario subordinado al gobernador”, dice.
Y agrega que “a la sociedad civil debería interesarle que los perfiles de los funcionarios que se propongan sean los adecuados, que sean autónomos y que respondan a sus intereses. Pero esto no está sucediendo en el país. La sociedad civil está apática. A nivel nacional creo que el saldo todavía no es positivo”.
Apremia a revertir esta tendencia y menciona que es urgente también darle viabilidad a los sistemas estatales “pero con la injerencia de la sociedad, porque si no se hace así la tentación de los ejecutivos será saciada con la designación de funcionarios que les cuiden sus espaldas”.
Francisco Xavier Nava Palacios dice que además de esta participación social ineludible, en materia jurídica es necesario mejorar las reglamentaciones que ya se han aprobado y que pueden mejorarse, como la iniciativa 3de3, pero también menciona que es necesario impulsar y aprobar la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obra Pública.
“Ambas reglamentaciones son los pendientes que tenemos. En las adquisiciones, en los arrendamientos y en los servicios está la caja de pandora, los gobiernos se siguen despachando con la cuchara grande… También falta la Ley de Archivos de donde podremos tener mucha información para tener un récord o un track de cómo se están haciendo las cosas en todo el país. En fin, creo que si tenemos pendientes y sí nos falta mucho por hacer los grupos parlamentarios en el próximo periodo ordinario de sesiones que comienza el jueves 1 de febrero”.